"LO QUE NO QUIEREN QUE SEPAS:
DE LA SIMULACIÓN AL COMPROMISO "


Por: Jesús M. Acuña Méndez

Los hermosillenses hemos atestiguado un fenómeno muy inusual en nuestra comunidad: la manifestación colectiva en contra de un impuesto. Pero ¿qué le toca a la sociedad civil, al gobierno, y a la oposición?

El tejido entre la sociedad civil y el gobierno se ha venido desgastando; ahí está el pleito del acueducto, la pifia pueril de hacerle un monumento al tubo, o la ilegalidad en la propuesta de un magistrado del Supremo Tribunal, etc. Pero increíblemente no se da golpe de timón. No hay responsables. Y en el caso del “COMUN” parece que no hay capacidad política para hallar alternativas.

Se nos ha dicho que si no se recauda por vía del llamado “COMUN”, el Estado entrará en crisis… pero, ¡ya estamos en crisis! Se dice también que se trata de una deuda "heredada" por la administración anterior. La pregunta inmediata sería: ¿Se tardaron tres años en darse cuenta de la existencia dicha deuda? Circula en las redes sociales un video del entonces candidato Padrés prometiendo la no alza de impuestos, así que en este escenario, cualquier malpensado creería que el candidato dijo lo que dijo porque no estaba listo para gobernar (o no creería que llegaría a hacerlo) y por ende, ignoraba la importantísima información del balance de las finanzas estatales. Tras el triunfo electoral del 2009, y con tres años de apoyo de Calderón, el gobierno estatal pudo haber dado con esos números rojos de la administración de Bours. Esto nos lleva a dos posibles conclusiones: o la administración actual generó la deuda o hay una profunda ineptitud para monitorear y/o administrar la cuenta pública. Ambos son casos de incapacidad, y en tiempos de crisis, la mayor crisis de todas es la de la incompetencia.

Es justamente esto lo que tiene molesta a la ciudadanía: que estén surgiendo “nuevos ricos” de una clase política muy mediana, al mismo tiempo que nuestros impuestos parecieran no reflejarse en políticas públicas bien diseñadas y que detonaran el desarrollo integral de todos los gobernados. Luego entonces, resulta lógico preguntar: ¿por qué pagar más?

Con respecto a la sociedad civil, es importante señalar las cosas como son: tenemos una comunidad muy apática, clientelar y comodina. De ahí que yo viva la agradable sorpresa de ver estas manifestaciones. Sin embargo, considero prudente reevaluar nuestra escala sobre lo que nos afecta y lo que dejamos pasar. Mucha impresión me causó ver a miles y miles de personas (arriba de carros) manifestándose por el impuesto, cuando muchos menos lo hacen por la miseria indigna que abraza a una tercera parte de los hermosillenses, o la pobre infraestructura, o la deficiencia del aparato de procuración de justicia. Creo que esos temas, en el fondo, nos afectan mucho más. Tampoco hubo una manifestación así por lo que nos pasó a TODOS en ese 5 de junio del 2009. Creo que hay una relación directa de nuestro estado como sociedad, con relación a la manera en la que nos comportamos frente a fenómenos como los arriba citados.

Los ciudadanos tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos, ser más participativos, más informados. Hay mucho movimiento (ataques) a la burocracia en las redes sociales, pero ellos –el gobierno- no son otra cosa que un reflejo inequívoco de su propia sociedad.

Hay que analizar el rol de la oposición, principalmente del PRI. Seríamos muy ingenuos al creer que dicho partido no está detrás de algunas figuras importantes dentro del actual movimiento ciudadano. En la manera en la que aquí se hace política, es “normal”: en el 2009, el PAN aprovechó la tragedia de junio y ahora el PRI le hace sentir el karma político. Además, uno puede inferir que hay influencia política al no escuchar una sola consigna o ataque en contra del tricolor, aún cuando su participación fue fundamental en la creación de dicho impuesto.

Esto nos lleva al último punto: el discernir entre simulación y compromiso genuino. Recordemos que de las cuatro alternativas utilizadas para combatir al “COMUN” (amparo, contra propuesta ciudadana, manifestaciones públicas y en redes sociales y la iniciativa legislativa), la única que puede traernos certidumbre es la del amparo, puesto que el “COMUN” es una copia del de Coahuila y el de Nuevo León y ahí se otorgaron suspensiones definitivas. Sin embargo, hubo un quinto mecanismo, el de LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, de la cual nadie habla. Mucho me llama la atención que nadie: ni los diputados priistas ni los "líderes" del movimiento tocan este tema, aún cuando SABEN de él. Esta opción consiste en que los diputados que se opusieron al nuevo impuesto, acudan ante la Suprema Corte para que ella, con independencia y estudio de fondo, declare su inconstitucionalidad. Pero adivine qué: el 6 de agosto del 2012 (decreto 187 publicado en el Boletín Oficial), nuestros diputados (todos en acuerdo) aprobaron dicho impuesto, y luego en diciembre –ya en la actual legislatura- cumplir con el trámite político –previamente pactado- de subir la carga del 0% al 3% actual.

Entonces, apreciable ciudadano, tenemos otra vez dos alternativas: o el PRI no presentó la acción de inconstitucionalidad porque simplemente no podía ¡ya que votó a favor del impuesto en agosto!... o no lo hicieron por incompetentes, lo cual resulta muy delicado puesto que el resultado es el mismo: unasociedad civil afectada.

Como sea el caso, es un asunto muy grave. Los de la oposición (PRI) deberían de poner en pausa la manipulación y la demagogia actual para revisar sus acciones u omisiones. Y es aún más importante que la gente se informe al respecto.

¿Dónde está el compromiso con los electores? ¿Por qué no se ejerció dicha acción? Como dije, en la manera en la que se hace política aquí, parece que “se vale” controlar gente (en un movimiento donde el 80% de los simpatizantes son genuinamente ciudadanos), pero ya es hora de comenzar a plantearacciones reales y trascendentes.

La próxima elección está a la vuelta de la esquina y nos urge pasar de nuestra pubertad democrática a una etapa más madura, con mayor memoria y mayores argumentos para generar una mejor sociedad civil y por consecuencia una clase política más digna.

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